La tranza de Mauricio Trejo: Impone con 18 MDP en contratos a Romina Hernández en el PAN pese a tener sólo el 3% de apoyo
Documentos oficiales de Oficialía Mayor y Tesorería revelan cómo el alcalde de San Miguel de Allende operó la compra de la candidatura para su exdirectora ligada a SAMEVI, aplastando las encuestas y violando estatutos para blindarse hacia 2027.
Unidad de Investigación Periodística·23 de septiembre de 2026
En lo que la militancia histórica y liderazgos empresariales de San Miguel de Allende califican como una de las operaciones de compraventa política más cínicas de los últimos años, el Partido Acción Nacional (PAN) en Guanajuato consumó la designación de Joanna Romina Hernández Rangel como su «Defensora de la Patria, la Familia y la Libertad» —el membrete oficial que anticipa la candidatura a la presidencia municipal en 2027—.
Sin embargo, lejos de tratarse de un ejercicio genuino de apertura democrática o de una respuesta a la voluntad popular, las evidencias recabadas apuntan a una calculada maniobra de cooptación: imponer como abanderada blanquiazul a una exfuncionaria de primer nivel y operadora del alcalde Mauricio Trejo Pureco, anulando a la oposición real desde sus cimientos mediante recursos económicos presuntamente canalizados por debajo de la mesa.
01. La matemática del despojo: Pisotear las encuestas
Durante los dos meses previos a la resolución, la dirigencia del PAN en Guanajuato desplegó mediciones demoscópicas para evaluar el pulso social en San Miguel de Allende. En el proceso se registraron figuras con fuerte arraigo local, entre las que destacaba el productor y empresario agropecuario Juan Pascualli Rodríguez, así como cuadros locales representativos como Ángel Gastélum y Oliverio Fernández.
Las encuestas de casas de prestigio como RUBRUM, así como las consultas directas a los padrones de militantes, arrojaron un escenario inequívoco: Juan Pascualli se consolidaba en el primer lugar indiscutible, con más del 40% de las preferencias, erigiéndose como el único perfil con capacidad real de competir y vencer al grupo gobernante en los comicios de 2027.
Por el contrario, Joanna Romina Hernández se hundía en el sótano estadístico. Su nivel de conocimiento no solo era ínfimo entre los simpatizantes del PAN, sino que arrastraba un nivel de rechazo superior al 70%, provocado por su pasado inmediato como presidenta del Comité Municipal del PRI y candidata a diputada local por ese mismo partido en 2024.
| Aspirante | Preferencia en Encuestas | Vínculo con el PAN | Resolución del CDE |
|---|---|---|---|
| Juan Pascualli Rodríguez | 41.8% (Primer Lugar) | Alto arraigo ciudadano y empresarial | Excluido |
| Ángel Gastélum / Oliverio F. | 18.4% (Combinado) | Cuadros locales y militancia activa | Excluidos |
| Joanna Romina Hernández | 3.1% (Último Lugar) | Sin militancia (Expresidenta del PRI) | DESIGNADA |
Para consumar la maniobra y brincarse el veredicto de las urnas y los sondeos, el Comité Directivo Estatal recurrió a una burda estratagema de ponderación: redujo el peso de la militancia a un marginal 15% y asignó un 50% de la calificación a conceptos subjetivos («liderazgo» 25% y «percepción ciudadana» 25%), evaluados a puerta cerrada en una mesa de acuerdos opaca donde el dinero sustituyó al voto.
02. El expediente SAMEVI: 18 millones del erario municipal
El discurso oficial de la dirigencia panista, que intentó presentar a Romina Hernández como una «ciudadana externa de perfil fresco», choca de frente con los expedientes oficiales de la propia administración sanmiguelense.
Actas oficiales de la Oficialía Mayor Administrativa y de la Tesorería Municipal —a cargo de Raúl Vallejo Solís—, documentadas previamente por regidores del Ayuntamiento, confirman que mientras Romina Hernández despachaba como Directora de Atención Ciudadana del gobierno de Mauricio Trejo, familiares directos suyos (su padre y su tío, apodado «Talego») obtuvieron jugosos contratos de obra y suministro de materiales por un monto estimado de 17.5 a 18 millones de pesos a través de razones sociales como SAMEVI CONSTRUCTORA S.A. de C.V.
«El Artículo 42 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato prohíbe expresamente que las dependencias municipales celebren contratos o asignaciones con cónyuges, parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado de servidores públicos en funciones.»
Pese a que la entonces funcionaria alegó no participar formalmente en el comité de compras, la concentración de obra pública en el círculo íntimo de su familia desató denuncias ante la Contraloría Municipal y la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), un estigma de corrupción que la dirigencia del PAN decidió ignorar a cambio de favores inconfesables.
03. La compra de franquicia: Violación a los Estatutos del PAN
El nombramiento de Romina Hernández no es solo un agravio ético: constituye una violación directa y flagrante a los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional y a los reglamentos de selección de candidaturas:
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Traición a la identidad doctrinaria: Los estatutos obligan a postular perfiles consustanciales a los principios de doctrina del partido y leales a su plataforma. Romina Hernández no solo no es panista, sino que durante años atacó al partido desde la dirigencia del PRI y compitió frontalmente contra sus candidatos.
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Simulación democrática: Los procesos internos deben regirse por los principios constitucionales de certeza, objetividad, imparcialidad y máxima publicidad. Esconder las encuestas reales y crear un modelo de calificación opaco vulnera los derechos político-electorales de los aspirantes legítimos.
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Uso de candidaturas ciudadanas como fachada: La figura de «candidaturas ciudadanas» fue concebida para abrir el partido a la sociedad civil sin filiación, no para lavar la trayectoria de operadores de un gobierno en funciones.
«No estamos ante un error político; estamos ante la venta deliberada de la candidatura del PAN al mejor postor para asegurar que el alcalde en funciones no tenga oposición real en 2027.»
04. La estrategia de Trejo: El Caballo de Troya municipal
La pieza clave del rompecabezas radica en comprender por qué al grupo político de Mauricio Trejo Pureco le resultaba indispensable intervenir en la vida interna del PAN:
1. Desactivar la amenaza Pascualli: Un PAN unido y abanderado por un perfil empresarial con solvencia moral y arraigo social como Juan Pascualli representaba un peligro inminente para la hegemonía municipal. La única forma de desactivar esa amenaza era impedir su postulación desde la mesa de negociación cupular.
2. Provocar los «brazos caídos»: Al colocar a una candidata ajena a la mística panista y manchada por señalamientos de corrupción, la base militante tradicional simplemente no saldrá a hacer campaña ni a cuidar casillas. Se induce deliberadamente el desánimo y la apatía en el electorado opositor.
3. Pacto de impunidad recíproca: Al tener a una excolaboradora al frente de la supuesta contienda opositora, se asegura que el debate político de 2027 sea una simulación pactada, donde no se auditen los gastos de la actual presidencia, no se investiguen los contratos de SAMEVI ni se toquen los intereses creados.
05. La rebelión interna y la ruta de los tribunales
La imposición ha encendido todas las alarmas en el municipio. Diversos colectivos de militantes, exdirigentes locales y miembros del sector empresarial han comenzado a articular un frente de resistencia para exigir la intervención directa de la dirigencia nacional encabezada por Jorge Romero.
Asimismo, los equipos jurídicos de los aspirantes despojados alistan una batería de recursos ante la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN y ante el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG). Las demandas solicitarán la reposición total del procedimiento, la apertura pública de las actas de ponderación y la anulación de una designación viciada de origen.
San Miguel de Allende no puede tolerar que su futuro democrático sea subastado en negociaciones secretas. La imposición de Romina Hernández pone a prueba la dignidad de la militancia panista y la memoria de una ciudadanía que no está dispuesta a convalidar fraudes orquestados desde el poder.